Vivimos tiempos de incertidumbre en los que las certezas individuales se deshacen en cuanto los riesgos adquieren dimensiones colectivas. Esta es, de hecho, una contradicción central en las sociedades contemporáneas. Nos enfrentamos a amenazas crecientes ―incendios e inundaciones agravados por el cambio climático, pandemias, ciberataques, manipulación informativa o crisis financieras― que se suceden con inusitada intensidad y tienen una dimensión cada vez más global. Y, sin embargo, el discurso hegemónico nos invita a gestionar estos riesgos en calidad de individuos aislados.
Compra una vivienda en una zona segura. Ahorra e invierte. Instala placas solares. Contrata un seguro. Acumula patrimonio para protegerte a ti y a los tuyos. Son decisiones sensatas para quien puede permitírselas, claro. Pero, cuando los riesgos colectivos se materializan, ninguna de estas decisiones puede sustituir al hecho de contar con las infraestructuras comunes adecuadas: una sanidad bien preparada, sistemas de protección eficaces, una regulación financiera idónea o una red eléctrica robusta.
La historia económica del capitalismo es, en buena medida, la historia de cómo aprendimos esta lección. Las ciudades industriales del siglo XIX descubrieron que la contaminación, la falta de salubridad, las epidemias o los incendios no podían resolverse edificio a edificio. De poco servía que una familia hirviese el agua si las aguas residuales contaminaban la red común. Tampoco bastaba con que un empresario extremase la prudencia frente a la contaminación si los demás no lo hacían. Cuando el daño asociado a un determinado evento se propaga, la protección debe organizarse a escala social.
En este sentido, resulta ilustrativa la historia de los bomberos de Londres. Durante el siglo XVIII y la primera mitad del XIX, la protección contra incendios estuvo vinculada a las aseguradoras privadas. Las fachadas exhibían placas ―las fire marks― que identificaban a la compañía contratada, dando lugar a un sistema fragmentado e ineficaz, con medios insuficientes, responsabilidades dispersas y una ciudad cuyo riesgo crecía mucho más deprisa que la capacidad privada para contenerlo. La imagen de brigadas dejando arder edificios ajenos a su compañía aseguradora no fue una mera anécdota.
El incendio de Tooley Street de 1861 marcó un punto de inflexión. Ardieron durante dos semanas almacenes repletos de mercancías junto al Támesis y las pérdidas desbordaron la capacidad de las propias compañías aseguradoras, que reconocieron que no podían responsabilizarse de la seguridad de toda la metrópoli. El Parlamento aprobó en 1865 la Metropolitan Fire Brigade Act, y desde enero de 1866 Londres contó con una brigada pública permanente, antecedente directo de la London Fire Brigade.
Lo interesante de este episodio es que la decisión fue impulsada por economistas y políticos liberales, que señalaron la incapacidad del mercado para asegurar el interés común en casos como este. En presencia de bienes públicos ―aquellos cuyos beneficios o efectos adversos se extienden a toda la comunidad―, la iniciativa privada y los contratos individuales debían dar un paso atrás, dejando que fuesen las instituciones públicas quienes asegurasen la provisión.
El siglo XX profundizó esta tendencia. El Estado del bienestar fue la gran respuesta que, tras la Segunda Guerra Mundial, se dio a la contradicción entre riesgos colectivos y respuestas individuales. Las derechas democristianas y liberales fueron capaces de acordar con socialistas y comunistas, y con el movimiento sindical, la mutualización de los riesgos clásicos vinculados a las sociedades industriales.
Los sistemas públicos de pensiones, sanidad, educación y desempleo mancomunaron y repartieron riesgos que nadie puede anticipar con precisión. No eliminaron la incertidumbre; la hicieron soportable, evitando que la enfermedad, el desempleo, la vejez o el origen familiar se convirtieran en condenas privadas. El Estado pasaba así a acompañar a los ciudadanos “de la cuna a la tumba”, pero no para sustituir la responsabilidad y el mérito individual, sino para asegurar una cierta igualdad de oportunidades, especialmente a la clase trabajadora.
Hoy enfrentamos nuevas formas de incertidumbre, más globales, menos previsibles y, a menudo, transfronterizas. Pero carecemos de los instrumentos que nos permitan mancomunar esos riesgos y hacerles frente con eficacia. Y, aún más preocupante, la cosmovisión de amplios sectores conservadores y liberales poco se parece ya a aquella que hace décadas reconoció la existencia de riesgos colectivos sistémicos que debían afrontarse conjuntamente.
Desde que Margaret Thatcher dijese que “no existe tal cosa como la sociedad. Existen hombres y mujeres individuales, y existen familias”, el liberalismo ha ido mutando progresivamente hacia un neoliberalismo extremo. Su discurso actual resulta un cóctel que mezcla el rechazo indiscriminado y generalizado a la acción política colectiva, las motosierras, la filosofía de autoayuda para criptobros y las cañas en las terrazas. Niegan los nuevos riesgos colectivos ―como el cambio climático y sus consecuencias―, o bien los tratan como meros eventos asumibles por el mercado.
Hoy derechas extremas y neoliberales conservadores tejen una alianza que sesga y secuestra el discurso de la democracia cristiana y de muchos liberales, equiparando la intervención pública con dinámicas parasitarias y amenazas a la libertad. Su enfoque ultraindividualista presenta los vínculos colectivos como una carga; los impuestos, como una confiscación; las instituciones públicas, como un obstáculo; y el mercado, como el árbitro natural de casi todas las relaciones. Con ello, pretenden devolvernos a una ficción preindustrial: la sociedad entendida como una mera agregación de voluntades individuales y contratos mercantiles.
Llevada al extremo, esta visión confunde la autonomía con una falsa autosuficiencia. Podemos elegir muchas cosas, pero no el aire que respiramos, la temperatura del planeta, la solvencia del banco donde depositamos nuestros ahorros o la capacidad de los servicios de emergencia.
Con estos mimbres será muy difícil hacer frente a buena parte de los desafíos que han emergido en las últimas décadas, porque un Estado que renuncia a intervenir ante riesgos sistémicos revela sencillamente su impotencia. Impotencia que, además, se distribuye siempre de forma desigual.
La libertad individual no es una alternativa opuesta al desarrollo de instituciones que aseguren la protección colectiva. Ese es un falso dilema. La libertad individual necesita precisamente de esas instituciones para poder desarrollarse. La disyuntiva real pasa por asumir la mutualización de los riesgos comunes o bien la competición permanente entre ciudadanos, cada uno intentando afrontar en solitario retos que nadie podrá superar por separado. Y esta última es, sin duda, una receta para el fracaso.
En la era de la incertidumbre necesitaremos más compromiso y responsabilidad individual, no menos. Pero también mejores instrumentos para protegernos de las contingencias comunes. Las amenazas que hoy acechan a nuestras sociedades no pueden conjurarse sin lazos ni esfuerzos colectivos. Ofrecer seguridad y certeza debe ser un objetivo prioritario en el contexto actual. Sin ello, será imposible dibujar un nuevo horizonte de progreso social.
