Proteger la libertad de expresión es mucho más que poder decir lo que te dé la gana.

La libertad de expresión protege el derecho a manifestar opiniones, incluidas aquellas que son provocadoras, ofensivas o profundamente equivocadas. Pero protege, exactamente con la misma fuerza, el derecho de periodistas, investigadores, verificadores y ciudadanos comunes a examinar esas afirmaciones, aportar pruebas y señalar públicamente: esto es falso.

Cuando un político (o cualquier ciudadano anónimo) miente, señalar la mentira no es censura. Añadir contexto no es censura. Publicar las pruebas que la desmienten no es censura. Todo ello constituye, en sí mismo, un ejercicio de libertad de expresión, y uno indispensable en cualquier democracia que funcione.

Lo mismo pasa cuando hablamos de teorías alternativas a las que están fundamentadas en la evidencia científica, como que las vacunas funcionan o que la tierra es redonda. Tú tienes la libertad de decir que la tierra es plana en redes sociales (y nadie debería expulsarte de la plataforma por ello) pero ese derecho no te protege de que cualquier persona pueda decirte y mostrarte la evidencia de que la tierra es redonda.

La libertad de expresión protege al individuo, pero también al colectivo. Por eso las redes sociales no están exentas de cualquier tipo de responsabilidad sobre lo que los usuarios comparten en ellas.

Esta semana hemos sabido que el Gobierno de Estados Unidos está intentando impulsar una declaración supuestamente centrada en la “libertad de expresión” durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo que hay detrás es debilitar la regulación tecnológica en todo el mundo, pero especialmente en la Unión Europea, en una nueva acción promovida en beneficio de algunas de las empresas más poderosas del planeta: las plataformas digitales.

El intento de la administración Trump y sus aliados de presentar la regulación tecnológica europea como un ataque a la libertad de expresión se basa en una definición deliberadamente pobre de ese derecho: la idea de que consiste únicamente en poder decir lo que uno quiera, cuando quiera, sin que nadie lo cuestione ni le imponga consecuencias.

Eso no es libertad de expresión. Es pretender tener carta blanca frente a la crítica, la rendición de cuentas, la contradicción y, en ocasiones, la ley.

La concepción europea de la libertad de expresión nunca ha consistido simplemente en que “quien habla puede decir cualquier cosa y los demás deben callarse”. El artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos protege tanto la libertad de comunicar informaciones e ideas como la libertad de recibirlas. También reconoce expresamente que el ejercicio de estas libertades conlleva “deberes y responsabilidades”. Se entiende el derecho de libertad de expresión como parte de un entorno informativo democrático en el que deben existir las medidas necesarias para garantizar “la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos” entre otros.

Estas disposiciones expresan un principio democrático importante: la ciudadanía no es simplemente una audiencia ante la que los actores poderosos tienen un derecho ilimitado a hablar. También busca que la ciudadanía pueda recibir información que le permita participar de manera significativa en la vida pública. En algunos sistemas constitucionales este es un derecho explícito.

Esto adquiere especial importancia cuando pasamos de la expresión individual al poder de las plataformas.

Una persona puede tener derecho a publicar una mentira. Eso no significa que una empresa privada con responsabilidades públicas tenga la obligación (ni el derecho) de recomendar esa mentira a millones de personas, introducirla en los muros de los usuarios, colocarla en los primeros puestos de los resultados de búsqueda o monetizar la interacción que genera.

Publicar y amplificar no son lo mismo.

Las plataformas sociales no son canales neutrales por los que el discurso circula en condiciones de igualdad. Sus sistemas de recomendación seleccionan, priorizan y amplifican continuamente unos mensajes por encima de otros. Son decisiones comerciales y editoriales: en el mejor de los casos, optimizadas para maximizar la atención y la interacción; en el peor, para promover ideas concretas e impulsar determinadas agendas. Los contenidos que provocan miedo, indignación o ira, los que buscan tocarte la patata, suelen funcionar especialmente bien, y las plataformas pueden beneficiarse de su circulación con independencia de que sean ciertos o no.

La pregunta relevante aquí no es sólo: “¿Debería permitirse legalmente que esta persona diga esto?”, sino también: ¿Por qué los sistemas de la plataforma mostraron ese contenido a diez millones de personas? ¿Sabía la plataforma que su diseño recompensaba falsedades perjudiciales? ¿Qué hizo después de recibir pruebas de manipulación coordinada, suplantación de identidad o engaño sistemático? ¿Quién se beneficia de esa amplificación y quién asume sus costes sociales?

Responsabilizar a las plataformas de esos sistemas no equivale a responsabilizar jurídicamente a una persona por expresar una opinión. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea está construida sobre esa distinción que ya se debatió extensamente en un grupo de alto nivel que sentó las bases para esa ley en 2018 y del que yo misma formé parte. Exige a las plataformas de mayor tamaño que evalúen y mitiguen los riesgos sistémicos (incluidos aquellos que afectan a los derechos fundamentales, el debate cívico, los procesos electorales y la difusión de desinformación) y que ofrezcan mayor transparencia sobre sus sistemas de recomendación. No establece una prohibición general en Europa a decir cosas falsas.

Por eso es torticero presentar toda exigencia de responsabilidad a las plataformas como “censura”. Esa idea borra la enorme diferencia entre suprimir la opinión de una persona y examinar la decisión de una empresa de diseñar, acelerar y rentabilizar su difusión.

También concede a las plataformas un privilegio extraordinario. Según esta visión, las plataformas pueden diseñar sistemas que determinan lo que ven miles de millones de personas, amplificar información manifiestamente falsa, ocultar sus procesos de toma de decisiones y monetizar las consecuencias, pero cualquier intento de exigirles transparencia o responsabilidad se convierte en un supuesto ataque a la libertad de expresión de sus usuarios. Es un discurso radicalmente engañoso.

Eso no es una defensa de la libertad de expresión. Es una defensa del poder empresarial sin control.

La libertad de expresión exige más expresión, no menos: más investigación, más pruebas, más contexto y más capacidad para cuestionar las afirmaciones de quienes ostentan el poder. El fact-checking no impide que los políticos, las figuras públicas o los ciudadanos anónimos hablen. Garantiza que no disfruten de un derecho exclusivo a la hora de definir la realidad.

Un debate público saludable no es aquel en el que cualquiera puede decir cualquier cosa y las mentiras circulan sin resistencia. Es aquel en el que las afirmaciones pueden cuestionarse, las pruebas pueden examinarse y la ciudadanía tiene herramientas para distinguir entre la información basada en hechos y la manipulación.

Tienes derecho a expresar tu opinión. Puede que incluso tengas derecho a decir algo falso. Pero no tienes derecho a que te crean. No tienes derecho a estar protegido frente a la verificación, frente a que te lleven la contraria. Y desde luego no tienes un derecho fundamental a que el algoritmo de una empresa tecnológica introduzca tu mentira en los perfiles de millones de personas o a que te pague por ello.

La libertad de expresión protege el debate público. No debe convertirse en un escudo frente a la rendición de cuentas para quienes intentan corromperlo.

Clara Jiménez Cruz, CEO de la Fundación Maldita.es

Publicado 27 de julio 2026

¿Por qué las seguimos llamando redes sociales?

 Marta Fraile

Publicado en El País el 22 de junio del  2026

Una vez tuve un profesor en el instituto famoso por sus interminables sermones. Entre bostezo y bostezo, repetía una advertencia que entonces sonaba obvia: “nunca olvidéis que lo que ocurre en la televisión es ficción, no realidad”. Años después, al constatar en qué se han convertido las redes sociales, aquella advertencia resuena con una vigencia inesperada.

El término “red social” se generalizó a mediados de los años 2000, coincidiendo con el auge de plataformas como Facebook, Twitter o YouTube. Durante sus primeros años, la expresión describía con bastante precisión lo que allí ocurría: espacios digitales donde las personas compartían contenidos, mantenían el contacto con amistades y familiares, y reconstruían vínculos debilitados por el tiempo o la distancia. Lo importante no era solo el contenido, sino el vínculo que generaba: comentar una foto, responder a una publicación. Esa dimensión relacional alimentó una ilusión colectiva sobre el potencial de estas plataformas para fortalecer la solidaridad y democratizar la comunicación.

Sin embargo, las mismas plataformas que facilitaron la conexión se han convertido en altavoces de la desinformación, el acoso y la polarización, mientras la lógica de la viralidad premia contenidos extremos o falsos. Pero más allá de estos problemas ampliamente documentados, se ha producido una transformación más profunda y menos visible: un cambio en el uso que las personas hacen de las redes. Los datos del Global Consumer Research Data on Social Media Use muestran que cada vez más usuarios priorizan el consumo de contenido frente a la interacción. Además, ese contenido, ha cambiado de naturaleza. Las publicaciones que dominan los feeds ya no son, en su mayoría, espontáneas, sino piezas elaboradas con una intención clara: captar la atención.

Esta evolución responde a un modelo económico concreto. El activista Cory Doctorow lo describe así: las plataformas, una vez que han fidelizado a sus audiencias gracias a la oferta de servicios gratuitos, priorizan gradualmente otros intereses, orientando el entorno primero hacia los anunciantes y luego hacia la maximización de beneficios, aunque deterioren la experiencia de quienes las usan. En ese proceso, la sociabilidad, motor inicial de estas redes, se convierte en un recurso explotable: las interacciones dejan de ser el fin y pasan a ser el medio para captar y retener la atención, el bien más disputado del ecosistema mediático actual.

El resultado es un entorno donde la visibilidad está profundamente jerarquizada. Un pequeño grupo de creadoras y creadores concentra la atención, mientras la mayoría adopta un papel pasivo: ya no se trata tanto de hablar con otras personas como de seguir a quienes producen constantemente. Lo que emerge no es una red social en el sentido original, sino algo más cercano a un sistema de relaciones unidireccionales. A este tipo de vínculo, en el que una de las partes conoce (o al menos cree conocer) a la otra sin que exista correspondencia real, se le llama parasocial. No es un fenómeno nuevo: ya existía entre el público y las celebridades de la televisión o la radio. La diferencia es que ahora se ha convertido en la forma dominante de interacción en plataformas que seguimos llamando sociales.

Nada de esto significa que la ficción sea negativa en sí misma; puede ser fuente de entretenimiento y aprendizaje. El problema aparece cuando sustituye a los vínculos que implican reciprocidad y presencia mutua. Una cosa es seguir la vida de alguien a través de una pantalla, y otra muy distinta formar parte de una red de relaciones que puede sostenernos cuando lo necesitamos. Las primeras entretienen; las segundas construyen tejido social. Hoy, buena parte del tiempo en redes se dedica a lo primero, reforzado activamente por algoritmos que priorizan los contenidos que maximizan el tiempo de permanencia. Como consecuencia, quienes aún valoran una conexión más auténtica se están retirando hacia espacios más acotados: grupos de mensajería privada, comunidades cerradas y entornos de suscripción donde la confianza importa más que la escala.

Conviene, entonces, volver a la pregunta inicial. Si lo que ocurre en estos espacios se parece cada vez menos a una red de relaciones y cada vez más a un sistema de consumo de contenido, ¿sigue teniendo sentido llamarlos “redes sociales”? Nombrar no es un gesto trivial. Las palabras que utilizamos para describir la realidad condicionan la forma en que la entendemos. Seguir hablando de redes sociales puede hacernos olvidar la transformación que han experimentado estas plataformas y dificultar una reflexión crítica sobre su funcionamiento actual. Si su naturaleza ha cambiado, también deberían hacerlo las categorías con las que las pensamos y analizamos. No se trata solo de una cuestión terminológica: se trata de reconocer que lo que hoy domina en estos espacios no es precisamente la conexión entre iguales.

Aquel profesor nos pedía que no confundiéramos la pantalla de la televisión con la realidad. Hoy, cuando la pantalla cabe en el bolsillo y la llevamos a todas partes, su advertencia ya no suena obvia. Suena urgente.

Lo que la izquierda aún tiene que entender

 

Eliane Brum

Publicado en El País 17 JUN 2026 - 

“¿Se imagina que Flávio gana y también ganamos el Mundial?”. Sentada en uno de los bancos del restaurante del mercado para comerse un plato combinado, a la mujer le brillaban los ojos al mostrar las imágenes de la visita a su ciudad del precandidato de extrema derecha en las elecciones presidenciales de Brasil. Dos mujeres pobres, a ambos lados del mostrador, dos miradas llenas de esperanza. “Flávio” es el hijo mayor de Jair Bolsonaro, actualmente encarcelado por intento de golpe de Estado. También es hoy la principal oposición a la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT). Esta pequeña escena resume el dilema de quienes saben que la extrema derecha tiene posibilidades reales de volver al poder en Brasil, al igual que avanza en la mayoría de los países de Latinoamérica, como evidencian las recientes elecciones de Colombia y Perú. Una de las preguntas es: si las condiciones de vida mejoraron durante los gobiernos del PT, ¿por qué eso no se traduce en una aprobación holgada? O también: ¿por qué una parte de los más pobres se adhieren a las fuerzas responsables de perpetuar la desigualdad?

Lula ganó elecciones diciendo que su meta era que cada trabajador tuviera un coche en el garaje y chuletón y cerveza en la comida de los domingos. Hace varios años que esa aspiración ya no moviliza, pero Lula y parte de los candidatos tradicionales de izquierda no han sabido entender el cambio. Para quienes tienen las condiciones, aunque sean mínimas, para la reproducción de la vida, la subjetividad cobra un peso mayor a la hora de elegir. La adhesión ya no se debe (solo) a que se garantiza lo básico para la existencia o incluso bienes materiales utilitarios, como el fogón y la nevera, sino a que se logran vender sueños, sobre todo los relacionados con el consumo y el retorno a un pasado que nunca existió. Con el capitalismo inoculado día tras día, muchos de los más pobres están menos interesados en una distribución más equitativa de la riqueza y mucho más en ser ricos, en situarse ellos mismos en la cima de la pirámide; sus aspiraciones son más individuales que colectivas. Esta es una de las características del siglo XXI, cuya génesis se remonta a las últimas décadas del siglo anterior.

Pero los sueños por sí solos no bastan, la adhesión solo es eficaz y tiene muchas más posibilidades de convertirse en algo permanente cuando va acompañada de un enemigo. La creación y difusión de la figura del enemigo es el centro de la estrategia de la extrema derecha. A partir de este momento, la lógica es la de la guerra, y la historia demuestra que las democracias tienden a morir en las guerras, aunque sigan sobreviviendo nominalmente.

Fíjense en el caso de Jair Bolsonaro, padre del actual candidato. Durante su mandato, Brasil volvió al Mapa del Hambre y está demostrado que su retraso deliberado en la vacunación y su rechazo a las medidas de prevención fueron los responsables de gran parte de las más de 700.000 muertes por covid en Brasil. Aun así, Lula ganó las elecciones de 2022 por poco, con menos del 2% de diferencia respecto a Bolsonaro. ¿Por qué? Por la lógica de la guerra.

Si hay un enemigo, importa mucho menos lo que el gobernante haga o deje de hacer. Todas las desgracias y frustraciones ya tienen un culpable. En Brasil, el culpable es el petista. Si las promesas y los sueños no se hacen realidad, es por culpa de Lula, del PT, de los petistas. En Estados Unidos y algunos países europeos, puede ser el inmigrante, el refugiado, etc. Una vez establecido este mecanismo, el gobernante solo tiene que gobernar para los suyos: en el caso de la extrema derecha, las élites locales —especialmente las vinculadas a la producción de monocultivos—, las grandes corporaciones transnacionales y el mercado financiero. Todo lo que empeora la vida de los más pobres no se le tiene en cuenta, ya que no es responsabilidad de sus actos de gobierno, sino de la existencia del enemigo. La solución, una vez más, no son las políticas públicas, sino la destrucción del enemigo.

En este camino, hay dos fuerzas cruciales. Una son las iglesias evangélicas pentecostales y neopentecostales, que empezaron a expandirse en las últimas décadas del siglo XX y más recientemente se convirtieron en centros de influencia, con la mayoría de sus líderes vinculados a la extrema derecha. Desempeñan un papel fundamental al preparar las mentes para la lógica de la guerra bíblica, del bien contra el mal. Una parte de estas iglesias incluso incorpora la lógica militar en los programas de formación de los jóvenes. El fortalecimiento de la extrema derecha exige una adhesión a la política a través de la fe y no de los hechos, lo que hace que esta alianza sea muy valiosa.

La otra es la combinación de internet, inteligencia artificial y algoritmos, esencial para mantener viva la guerra y crear una realidad paralela. Como bien sabe Brasil y los países que ya han sido gobernados por la extrema derecha, esta gobierna generando crisis que se difunden y manipulan por las redes sociales. Vivir bajo el yugo de la extrema derecha es despertarse (si es que se consigue dormir) cada día en sobresalto. Para quienes mantienen el pensamiento crítico y el aprecio a los hechos, el reto consiste en resistirse a esta insanidad. Para quienes tienen un enemigo identificado y declarado, esto no hace más que reforzar la adhesión a la lógica de la guerra.

La extrema derecha parece haber encontrado la fórmula para alcanzar el poder. Pero hay un problema. Destruye el planeta, poniendo en peligro la reproducción de las condiciones necesarias para la existencia. Pronto, debido a la aceleración del colapso del clima, la realidad se impondrá y con el peor impacto posible: el aumento del miedo y la desesperación. Y entonces ya será demasiado tarde. Por eso, el desafío inmediato, no solo para los políticos que se oponen a la extrema derecha sino para todos los que se resisten a que se destruya la vida, es encontrar un camino para que la gente empiece a soñar otros sueños. Para Lula y para Brasil, ya en las elecciones de este año.