Youssef Ouled
En España, la violencia policial aparece en el debate público como una sucesión de incidentes aislados. Cada caso se interpreta como excepción, posible error o desviación puntual. Sin embargo, existe una forma de violencia menos visible y más difícil de reconocer, una que no comienza en la intervención física, sino en la sospecha.
Esa violencia se expresa en forma de controles y actuaciones selectivas sobre personas que dan el perfil. No es excepcional sino cotidiana y, a pesar de ello, se presenta como algo rutinario o aleatorio. El problema es que esa rutina no se distribuye de manera uniforme. No todas las personas son paradas en la calle con la misma frecuencia, ni sus cuerpos son leídos del mismo modo por la autoridad.
Hablo de la perfilación racial, una forma de actuar sistemáticamente negada que consiste en la identificación de personas por lo que son, no por lo que hacen, denunciada por quienes la sufren, señalada por organismos internacionales como la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, en sus siglas en inglés), la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) o la ONU. Es una práctica presente en todo el territorio, como recogen investigaciones de la Universidad de Valencia, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía o SOS Racisme Catalunya, que arrojan tasas de desproporcionalidad de hasta siete a uno. Es decir, siete personas racializadas controladas por cada persona blanca.
La dificultad no es solo empírica, sino política. España ha avanzado en el reconocimiento de desigualdades y discriminaciones en distintos ámbitos, pero persiste una fuerte resistencia a admitir que el racismo opera en las instituciones del Estado. En el mejor de los casos, se reconocen comportamientos individuales inadecuados. Es ahí donde se diluye la posibilidad de un debate serio sobre la violencia policial. Si todo se reduce a “casos aislados”, se evade la responsabilidad institucional.
Un ejemplo de ello es el caso de Abderrahim El Akkouh, ocurrido hace un año en Torrejón de Ardoz (Madrid), que evidenció cómo la muerte de una persona racializada desaparece con rapidez del espacio público. Reducido en la vía pública por un policía municipal fuera de servicio y otro jubilado, murió a causa de una asfixia violenta, según la autopsia. Aunque el caso ha seguido su recorrido judicial y ha generado protestas y peticiones de responsabilidad, su presencia en el debate público es mínima.
Algo similar sucede con Haitam Mejri, fallecido el 7 de diciembre de 2025 en un locutorio de Torremolinos (Málaga), tras una intervención policial en la que varios agentes utilizaron pistolas Taser y técnicas de inmovilización física. Si bien tras un informe forense del Instituto de Medicina Legal se archivó la investigación, al considerar que murió por “delirio agitado”, un informe de ampliación de autopsia encargado por la familia recoge 86 lesiones en el cuerpo de Haitam a consecuencia de la actuación policial y hasta 14 marcas compatibles con “al menos” siete aplicaciones de Taser. El archivo de la causa se encuentra recurrido ante la Audiencia Provincial de Málaga.
Akkouh y Mejri no son casos aislados; forman parte de una larga lista de hombres racializados fallecidos en el contexto de actuaciones policiales: Salim Traoré, Yoni Barrul, Harold Medina, Mahmoud Bakhoum, Abdoulie Bah, Ji Lin o Henry Carbonell son solo algunos recientes. Sin embargo, sus nombres aparecen de forma dispersa en el debate público, sin producirse una discusión sobre la relación entre Policía, racialización y uso de la fuerza.
Conociendo que lo visible genera mayor empatía y reacción, conviene mencionar que lo no visible no agota lo posible, pero sí puede reducir la violencia policial a lo excepcional y establecer una jerarquía entre violencias.
Hablar de racismo en este contexto implica reconocer que las instituciones no actúan en el vacío, que el control y la sospecha están sesgados. El debate, por tanto, no debe limitarse a si un caso es desproporcionado, sino a qué condiciones hacen posible que determinadas personas sean con más frecuencia objeto de intervención policial, a veces con un desenlace fatal.
Mientras esa pregunta esté fuera del debate, reaccionaremos con indignación selectiva, sin abordar las estructuras que determinan quiénes son más visibles para las autoridades y en qué condiciones. No es solo qué hace la Policía en Valencia o Bilbao, sino por qué seguimos necesitando una cámara para creer lo que para otros es una cotidianidad.
